A nivel nacional, en el medio de la polémica por los tarifazos, el Gobierno nacional insiste con avanzar con la discusión sobre la reforma electoral, aunque dando marcha atrás con algunas iniciativas al respecto. Por ejemplo; aceptó no modificar las PASO, tal como pretendía. En la provincia, en medio de la polémica por los “gastos sociales” que otorga la Legislatura -por posibles desvíos para sostener la acción política-electoral-; el titular del Plan Belgrano, José Cano, reitera que la Provincia adeuda el debate por una reforma política. Y dice un poco más: que no hay voluntad del oficialismo en tratar esta cuestión.
En realidad, la voluntad del Poder Ejecutivo provincial se agotó por ahora en el “Tucumán Dialoga”, cuyas propuestas para una reforma política están en el Poder Legislativo para ser tratadas desde marzo. Las voces oficialistas que más pueden respetarse en esta materia deslizan que hay que aguardar a ver cómo se dan los cambios en el plano nacional para obrar en consecuencia a nivel local. O sea, Cano tiene razón, y el Gobierno tiene sus justificativos. Verdades parciales apuntaladas desde los propios intereses políticos.
Radiofrecuencia, software y hardware
Cualquier modificación o nueva regla electoral que se resuelva este año en el Congreso será de aplicación en los comicios nacionales de 2017, donde se elegirán diputados -en el caso de Tucumán- y senadores. Si finalmente el voto electrónico marca esas elecciones en todos los distritos; en Tucumán no podrán rehuirle más a la Constitución de 2006 que obliga a implementarlo. Sin embargo, desde el PJ nacional ya han empezado a cuestionar la iniciativa electrónica del PRO hablando de posibles ataques por radiofrecuencia y de vigilar el software como el hardware para que no sea vulnerable. Podría ser confiable si se tomaran recaudos de tipo legislativo; dijo Jorge Landau, apoderado del justicialismo.
La oposición no está dispuesta a hacérsela fácil a Cambiemos, al margen de que sea necesario transparentar los sistemas de votación, el esquema de financiamiento de la política y reestructurar el sistema de partidos políticos para que el acople no sea un dolor de cabeza para el ciudadano que acude a las urnas. El debate es una obligación, necesaria, sólo que cada uno priorizará sus propósitos particulares a la hora de avanzar o no en la discusión por la reforma.
Escaso interés partidario
En materia de interés político, se pueden hacer algunas observaciones sobre la dirigencia. Por ejemplo, en Tucumán, gracias al sistema de acople que rige desde 2006 -producto de la reforma constitucional-, los partidos se han multiplicado exponencialmente. La última planilla oficial de organizaciones existentes en la provincia data del 1 de abril de este año. Son más de 600, entre partidos provinciales, municipales y comunales.
Atendiendo a la cantidad, se podrían haber esperado varios cientos de propuestas por parte de la clase política como aporte para el “Tucumán Dialoga”, a los fines de una reforma política-electoral mirando a 2019. Pero no, hubo un déficit cuantitativo. O escaso interés en participar. O peor aún, no hay voluntad de intentar cambiar. Sí lo hicieron fundaciones, universidades, colegios profesionales y hasta gremios.
De ese total de casi 600 partidos inscriptos en la Junta Electoral Provincial, sólo tres (Frente Renovador Auténtico, Fuerza Republicana y Movimiento Unidad Popular) hicieron llegar sugerencias para el proceso de diálogo impulsado por el PE. Ni el PJ, ni la UCR figuraron con proyectos para alterar el sistema electoral. En el caso del peronismo se entendería, ya que es renuente a modificar un esquema de votación -el de las listas colectoras o acoples- que les vino garantizando la continuidad en el poder. Por el lado del radicalismo, la ausencia de propuestas llama la atención. Sólo un radical presentó ideas; el ex concejal José Avignone, pero lo hizo en calidad de secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad.
El debate para una reforma electoral es inevitable; sólo que la Nación lo está impulsando para que los cambios se verifiquen en 2017. En el PE local sólo miran, porque aquí las modificaciones valdrán para 2019.